El miércoles pasado Izquierda Unida iniciaba una semana de protesta contra la reforma de la administración local que prepara el Partido Popular y que supone un torpedo en la linea de flotación de los ayuntamientos, poniendo el objetivo en la privatización de los servicios públicos que presta esta administración entre otras cuestiones.
En Cádiz, Izquierda Unida convocó a sus alcaldes y cargos públicos de la provincia a un encierro en la Diputación de Cádiz. Sin embargo, nos encontramos con la voluntad del Presidente de la Diputación, José Loaiza, dando muestra de lo que aprecia el Partido Popular a los representantes de los municipios.
Primero se impidió el acceso a la Diputación a cualquier persona que no fuera alcalde o cargo público de la organización y después se impidió entrar a cualquier persona de IU, fuese quién fuese. Esto provocó que concejales de IU de El Puerto, Conil, Chiclana y Puerto Real junto a otros compañeros y compañeras estuviésemos esperando durante más de cinco horas en la puerta de la Diputación para poder unirse al encierro. También se impidió el acceso al portavoz municipal de IU en Cádiz y al que fuera primer presidente democrático de la Diputación de Cádiz . Esta decisión del Partido Popular gaditano provocó situaciones kafkianas, como por ejemplo, que el delegado territorial de la Junta de Andalucía en Cádiz tuviera que atender a varias familias a través de una ventana.
Todas estas medidas pueden catalogarse sin riesgo a exagerar de boicot al encierro. Simplemente, al PP gaditano no le ha dado la gana de facilitar la participación de los cargos públicos de Izquierda Unida de Cádiz en este encierro en defensa de la democracia local.
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