viernes, 12 de agosto de 2016

Agosto, el PP y la Zona Naranja "encubierta"


Agosto estaba aburridillo pero menos mal que ha aparecido el Partido Popular para darle un poco de vida con una de las meteduras de pata a las que tan acostumbrado nos tiene sus Nuevas Generaciones: la vuelta de la Zona Naranja “encubierta” junto al Club Las Redes.

En su nota, el Partido Popular adjunta una foto de un panel anunciando la obligatoriedad de pagar por aparcar. Ya tenemos polémica. Traición e incumplimiento electoral del gobierno.

Pero, si nos damos una vuelta por Las Redes podemos comprobar que la antigua zona naranja está llena de carteles como ese, con un vinilo pegado que anuncia la gratuidad del aparcamiento desde el verano pasadoEl único cartel sin vinilo es precisamente el que denuncia el PP: el que está en el antiguo aparcamiento privado del Club Las Redes. Vaya, qué casualidad. Por hay mas: resulta que este verano es el primero en que cualquier vecino de ‪#‎ElPuerto‬ puede aparcar ahí tranquilamente, sin pagar y sin ser socio del club. Qué curioso ¿no? Y más aún: el cartel anuncia pago por aparcar del 1 de julio al 31 de agosto, el último periodo de Zona Naranja vigente cuando gobernaba el PP. ¡Cuántas casualidades juntas!

Pero tal vez el PP tenga razón y haya Zona Naranja “encubierta”, como dicen. Pero entonces dónde están los parquímetros, los controladores o los tickets? ¿y el acuerdo para instaurarla? ¿y las tarifas aprobadas? Todo encubierto también, supongo.

O a lo mejor, alguien molesto por ver a tanto populacho aparcando allí quitó el vinilo, hizo la foto y llamó al PP para que lanzará la alerta y, con suerte, espantara a algunos. Y el PP, claro, no tiene nada mejor que hacer en agosto. No sé, es un hipótesis que se me ocurre.

En fin, una polémica artificial (y bastante ridícula, todo sea dicho) para que unos salgan en prensa en verano y otros ganen más clics. Al menos entretienen.

lunes, 27 de junio de 2016

Alegría para luchar, organización para vencer

La mañana poselectoral de hoy me está recordando mucho a otra que viví hace unos años: el día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia en 2012. 

Por aquel entonces la izquierda francesa se presentaba por primera vez unida bajo el Front de Gauche que encabezaba por el carismático Jean-Luc Mélenchon. Fue una campaña con llenos nunca vistos antes: de las 6.000 personas en el primer mitin de Nantes a las 25.000 en Lille, las 70.000 en Toulouse o las 120.000 en Marsella y París…. Ilusionante. Las encuestas también mostraban un ascenso sostenido: del 7% al 9%, del 10% al 13%, del 13% al 15% o incluso al 17%…. 

El resultado final estuvo muy alejado de lo que pronosticaban pero no fue malo: del 1,93% del PCF en 2007 al 11,01%. Más tarde, en las siguientes citas electorales el FG no consiguió superar esa barrera y fue perdiendo apoyo progresivamente en las legislativas, las regionales, las municipales... hasta el día de hoy.

Aquello demostró dos cosas: que en Francia existía y existe un espacio político-social a la izquierda del PS con mucho potencial, que enraíza con la historia de lucha del pueblo francés, el movimiento asociativo, el activismo social, el mundo del trabajo, las coordinadoras estudiantiles etc pero que no tuvo una traducción proporcional a lo electoral. El Frente de Izquierda no terminó de comprenderlo y siguió primando lo electoral (que es importante, no nos engañemos) sobre la organización del conflicto social. Y, aunque todavía estamos en caliente y sea muy pronto para análisis sosegados, creo que esa es la lección que tenemos que sacar del resultado de ayer.

El resultado de ayer de Unidos Podemos no es malo. Si bien todas/os esperábamos unos resultados más favorables, afianzan las posiciones de las fuerzas rupturistas en el Congreso con suficiente representación como para plantar cara a un Partido Popular beneficiado por su campaña del miedo. El tiempo de los recortes y los ataques antisociales contra la gente no ha acabado ni mucho menos y esos 71 diputados y diputadas de Podemos, Izquierda Unida, EQUO, las mareas etc deben ser la primera barrera defensiva de las clases populares.

Toca pensar, reflexionar y hacer autocrítica. Nosotras/os, como comunistas, tenemos que conseguir que la esperanza que hemos visto desbordar la campaña de Unidos Podemos no se pierda ni tampoco se guarde para ir a votar de nuevo en Octubre (porque ya sabemos qué pasa, maldita abstención). Nuestro trabajo debe consistir en redirigir toda esa energía a la calle, a los barrios, a los centros de trabajo, a los institutos y universidades, a las luchas concretas por la educación pública, la sanidad, el derecho a la vivienda… En definitiva, construir la unidad popular por debajo, desde el conflicto, que luego fortalezca la unidad electoral.

Y tranquilas/os, el “ahora o nunca” siempre fue una mentira antidialéctica. Aquí no se rinde nadie porque queda mucho trabajo y nadie mejor que nosotras/os sabe levantarse y seguir adelante después de una caída.
Me acuerdo también de aquel lema brillante de hace unos años de la UJCE en Cádiz con el que titulo este post: “Alegría para lucha, organización para vencer”. Porque o nos organizamos y luchamos juntas/os o la apisonadora neoliberal nos pasará por encima de nuevo.

viernes, 26 de febrero de 2016

PSOE-Ciudadanos: ¿Preludio de gran coalición?

Publicado en El Puerto Actualidad

En el ámbito de la política estatal, el tema estrella de la semana han sido sido las conversaciones de cara a la elección del nuevo Presidente del Gobierno. El miércoles pasado, Pedro Sánchez y Albert Rivera escenificaron el acuerdo de investidura alcanzado entre PSOE y Ciudadanos, consistente en una reforma exprés de la Constitución y plasmado en un documento con medidas consensuadas entre ambas formaciones.

Partiendo de la legitimidad y autonomía de todas las fuerzas para establecer los acuerdos políticos y programáticos que crea conveniente, creo que esta decisión supone un error por parte del PSOE por varias cuestiones:

Primero, porque con este acuerdo el PSOE sigue mostrándose hacia la opinión pública como un partido más proclive a entenderse con la derecha que con las fuerzas de izquierda, con quienes mantenía conversaciones a cuatro para formar un gobierno de progreso que sumase los apoyos de Podemos, Izquierda Unida-Unidad Popular y Compromis.

Segundo, porque el acuerdo con Ciudadanos no recoge ninguna reforma que favorezca a las clases populares o que suponga una mejora en las condiciones de vida de la gente. Algunas medidas van dirigidas a recomponer un régimen vapuleado y deslegitimado tras ocho años de crisis: eliminación de las diputaciones, supresión de aforamientos, reducción del CGPJ… Otras son claramente regresivas, sobre todos las de índole económica, donde Ciudadanos ha conseguido poner su sello: más precariedad laboral con un sucedáneo de contrato único, una subvención encubierta a los empresarios vía complemento salarial, ni hablar de dación en pago, de eliminar el copago sanitario…

Tercero, porque simplemente no salen los números. Los 130 escaños que suman PSOE y Ciudadanos son claramente insuficientes para investir a Pedro Sánchez. Además, los términos del acuerdo imposibilitan cualquier entendimiento con las fuerzas de izquierda, por lo que al PSOE solo le queda una opción: el Partido Popular. No es descabellado, ni mucho menos. Ya hay un precedente: el reparto de la mesa del Congreso. Presidencia para el PSOE, y mayoría en la mesa para PP y C’s. ¿Se repetirá la misma jugada?

Y cuarto, porque el pacto entre PSOE y Ciudadanos otorga al Partido Popular la llave de la estabilidad del futuro gobierno de Pedro Sánchez, con quien ambas formaciones tendrán que negociar cualquier tipo de iniciativa política que quieran aprobar en el Congreso. En un momento en el que el PP se encuentra en sus horas más bajas, desacreditado por sus ocho años de gobierno contra la gente y acorralado por la corrupción, el acuerdo PSOE-C`s le da un balón de oxigeno.

En este escenario de crisis de régimen y de recomposición del mapa político, el PSOE tenía que elegir de qué lado bailar, hacia la izquierda o hacia la derecha. Régimen o ruptura. Favorecer a las élites o a las clases populares. Garantizar una segunda transición gatopardista, donde todo cambie para que todo siga igual, o construir una coalición de progreso para un cambio político.

A nadie se le escapa que existen grandes diferencias con el PSOE, pero con la correlación de fuerzas parlamentarias surgida tras las elecciones del 20D, hubiese sido deseable que apostase por la vía portuense en lugar de terminar eligiendo la vía andaluza. ¿Estaremos ante el preludio de la Gran Coalición tan deseada por Felipe González, vía Ciudadanos?

viernes, 19 de febrero de 2016

Democratizar la política y también la economía

Artículo publicado en El Puerto Actualidad

Hace unos días el Ayuntamiento de Barcelona manifestó su voluntad de convertir a la ciudad en "capital de la economía solidaria" e impulsar desde la institución local iniciativas empresariales éticas. Para ello, una de las propuestas del equipo de gobierno que encabeza Ada Colau, es priorizar en las contrataciones públicas a este tipo de empresas a través de una “mesa de Proveedores de Compra Pública Socialmente Responsable" que dará preferencia a aquellas empresas pongan en valor el retorno social en el que realizan su actividad económica.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona fomentará que los ciudadanos y ciudadanas tengan más facilidades para conocer e impulsar empresas del sector de la economía social y solidaria y favorecer su desarrollo. Algo de vital importancia porque si bien hoy día existen alternativas sólidas, desde la banca y los seguros a las telecomunicaciones, la alimentación o la energía, éstas son grandes desconocidas para la inmensa mayoría de la población.

Aunque desde el consistorio barcelonés todavía no han concretado qué criterios utilizarán o si habrá un porcentaje mínimo para la contratación de este tipo de empresas, esta decisión abre una puerta muy interesante para la colaboración ‘público-comunitaria’.

Pero ¿qué tiene esto de especial? ¿y qué es eso de la economía social y solidaria? Para responder a esta última pregunta, lo más sencillo es recurrir a la Carta Solidaria, que define a la economía solidaria como “un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses” y continúa, “una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano”.

Barcelona es la segunda ciudad más importante del Estado. Supone ella sola el 31% del PIB de Cataluña y concentra en torno a su área metropolitana al 66% de la población total de esta región. Por eso es tan importante esta decisión del gobierno municipal de fomentar desde la administración local un modelo de economía que “pretende incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa”.

Las últimas elecciones municipales conllevaron un enorme cambio del panorama político municipal. Muchos de estos nuevos ayuntamientos, gobernados por candidaturas ciudadanas de unidad popular, están impulsando nuevas formas de relación entre la administración local y la ciudadanía en el ámbito político (participación directa, consultas locales, presupuestos participativos etc). Ahora, Barcelona inicia el camino de la transformación en la esfera económica, apostando por una economía social centrada en las necesidades de las personas y alejada del modelo capitalista neoliberal imperante, que supedita el desarrollo económico local y la prestación de servicios municipales (por ejemplo, el agua) al pago de la deuda. Una realidad que tristemente conocemos muy bien en El Puerto.

viernes, 5 de febrero de 2016

A vueltas con el presupuesto

Artículo publicado en El Puerto Actualidad
El próximo lunes varios miembros del equipo de gobierno de nuestra ciudad volverán a viajar a Madrid para reunirse con representantes del Ministerio de Hacienda y tratar de finiquitar el nuevo requerimiento de esta institución sobre una serie de incumplimientos ocurridos durante 2014 que tienen bloqueado el presupuesto municipal para este año.

Es normal que exista interés en torno a la aprobación de las cuentas municipales porque el presupuesto es la herramienta principal que tiene un ayuntamiento, la que determina la planificación, la programación, el control, el seguimiento y la evaluación de las actuaciones municipales durante el año en curso. Ahora bien, creo que como dice aquel viejo proverbio chino, muchos están mirando el dedo y no la luna.

A este respecto, me gustaría señalar dos cuestiones:

Primera: los tiempos. Estar en febrero sin presupuestos no es algo de lo que alegrarse, pero si comparamos las fechas de aprobación definitiva de los presupuestos municipales en los ocho años de gobierno del Partido Popular, comprobamos que las cuentas municipales se aprobaron con una media de 186 días de retraso, lo que traducido supone seis meses y cuatro días más tarde de lo que indica la ley. Aquí un gráfico:
presupuesto_el_puerto.png 
Segunda: la responsabilidad. En este caso, que la ciudad no cuente con un presupuesto vigente no se debe a falta diligencia o de trabajo por parte del equipo de gobierno. De hecho, el presupuesto lleva aprobado de forma inicial desde el 3 de diciembre del año pasado y listo para su elevación a pleno en el mes de enero. La clave está en el papel que está jugando el Ministerio de Hacienda, que parece haberle cogido un cariño especial a nuestra ciudad tras las elecciones municipales que han desalojado al Partido Popular de la Alcaldía.

Aquí está lo verdaderamente grave: la pérdida de autonomía local que lleva a los ayuntamientos a no tener libertad para aprobar los presupuestos que crean conveniente para dar solución a los problemas de su ciudad. En cambio, se ven obligados a trabajar con aquellos que cuenten con el visto bueno del Ministerio de Hacienda que, como parece, actúa con una clara finalidad política.

Esperemos que en la reunión de las autoridades locales con los responsables del Ministerio de Hacienda se desbloquee definitivamente esta situación y la administración local pueda comenzar a trabajar con normalidad. De lo contrario, de persistir las trabas por parte de la Administración Central, estaremos ante un bloqueo por cuestiones políticas. Algo intolerable, inaceptable y de una deslealtad inaudita entre administraciones.

Ojalá El Puerto contará en Madrid con algún Diputado Nacional dispuesto a defender los intereses de su ciudad y de los/as portuenses, por encima de sus intereses políticos personales o los de su partido. Mejor que esperemos sentados.

viernes, 29 de enero de 2016

Andalucía y el estado plurinacional

Artículo publicado en El Puerto Actualidad

Aunque seguimos sin saber quién será el próximo Presidente del gobierno al menos se ha resuelto el rompecabezas de los grupos parlamentarios en el Congreso. Tras algunas injusticias, zancadillas y algún veto que ha dejado sin grupo a candidaturas con casi un millón de votos, el Congreso queda repartido entre PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos y los representantes de la burguesía catalana (ERC y DiL) y vasca (PNV). Los demás, al grupo mixto.

Ante la negativa a que las candidaturas de confluencia autonómica gallega, catalana y valenciana tuvieran el grupo propio que les correspondía, se ha constituido un ‘grupo plurinacional’ integrando en el grupo de Podemos a En Marea y En Comú-Podem. No se trata de una novedad, pues así funcionaba el grupo de La Izquierda Plural la pasada legislatura, pero sí es la constatación de otra realidad social e histórica más que ahora se sienta definitivamente en el Congreso de los Diputados y las Diputadas: el reconocimiento a la existencia de diferentes naciones dentro del Estado.

España es un estado plurinacional, lo es ahora y lo ha sido siempre. Esta afirmación pueda levantar ampollas en algunos sectores políticos de nuestra ciudad, sobre todo entre quienes siguen creyendo en aquello de España una, grande y libre, pero es una realidad difícilmente negable que nuestro estado está formado por diferentes pueblos con identidades colectivas, lingüísticas, históricas y culturales diferenciadas.

En su artículo 2, la Constitución del 78 “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones” que integran el estado en base a un modelo autonómico que se ha mostrado incapaz de encajar las demandas y el reconocimiento a la diversidad territorial. Se hace necesaria una reforma constitucional que reconozca este pluralismo de identidades, las acomode y permita la convivencia de las diferentes realidades nacionales en un marco de solidaridad territorial.

Este será uno de los debates que marcará la nueva legislatura que comienza, que muchos catalogan ya como ‘segunda transición’. Mientras, la élite política andaluza está a otra cosa. El ejemplo más claro es la Presidenta de la Junta de Andalucía, que parece más interesada en clamar por una modelo de España única y unitaria para atacar a otros pueblos del estado por tacticismo político, que en defender el peso político, cultural e histórico que el pueblo andaluz debe tener en el debate estatal.

Queda un mes para el 28F. Se cumplirán 35 años del referéndum con el que el pueblo andaluz consiguió la autonomía política por la que tanto había peleado y movilizado en las calles. Por aquel entonces los andaluces y andaluzas rompimos el guión de una película en la que teníamos reservado el papel de figurantes. Ahora necesitamos que Andalucía juegue un papel activo en la construcción de un nuevo modelo territorial basado en el federalismo, la igualdad, la solidaridad entre territorios, que garantice los derechos sociales y reconozca nuestras peculiaridades como pueblo. Y eso, hoy como ayer, se consigue con movilización. Las calles y las plazas del Sur deben volver a ser protagonistas.

domingo, 24 de enero de 2016

Sí, empeñados en que el pueblo decida

Post rápido. Ayer fue un día que quedará marcado en el calendario como el comienzo de un hito político en nuestra ciudad: la puesta en marcha de los primeros presupuestos participativos de la historia de El Puerto con una jornada formativa organizada por la Concejalía de Participación Ciudadana, que fue un éxito. Allí nos dimos cita en torno a cien personas para conocer qué son los presupuestos participativos y para qué sirven, así como diferentes experiencias locales y provinciales donde se han puesto en marcha, tanto grandes ciudades como pueblos pequeños, lo que nos permitió tener una visión amplia de estos procesos y muchas ideas con las que dar formar a nuestra propia experiencia participativa. 

Tras acabar la jornada, después de charlar con varias personas asistentes me fui a casa con la sensación compartida de haber iniciado un camino que marca un antes y un después en la forma de organizar la participación ciudadana en nuestra ciudad

Me topé entonces con la edición semanal de un medio de comunicación local. Afirmaba que "el equipo de gobierno sigue sin presentar nuevos proyectos" mientras en las páginas interiores recalcaba que este gobierno "sigue empeñado en que el pueblo decida" y seguía con el siguiente párrafo:
No es normal que en una ciudad el equipo de Gobierno asegura que delega en los ciudadanos la gestión municipal. Los ciudadanos eligen a los políticos basándose en unos programas electorales que estos deben llevar a cabo y punto. No hay más. Puede quedar muy bien la convocatoria de asambleas, pero es el gestor el que debe tomar decisiones. Para ello cobra.
Aunque hay diferencias notables entre delegar en los ciudadanos la gestión municipal y darles a estos la oportunidad de expresarse y ser escuchados, es llamativo que el mismo día que se pone en marcha un proyecto histórico en nuestra ciudad que busca impulsar procesos de profundización democrática que permitan a la gente debatir y decidir sobre las políticas públicas, se acusa al gobierno que lo impulsa de no presentar proyectos nuevos con argumentos que reflejan, precisamente, aquello que se busca reformar: un sistema político representativo que limita el papel ciudadano a votar cada cuatro años y dejar que los políticos gestionen.

No pasa nada, cada cual es libre de defender el modelo democrático que crea mejor en función de su ideología. Pero no me negaréis que es una curiosa casualidad.
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