Si algo ha caracterizado a España en la última década ha sido un modelo de crecimiento basado en el ladrillo que está en la base de muchos de los problemas económicos de la actualidad. Desde que Aznar aprobara en 1998 la Ley de Suelo, el boom de la burbuja inmobiliaria, cimentada en la abundante financiación la banca privada, provocó que entraran grandes cantidades de dinero a las arcas de las administraciones públicas que sólo tenían que recalificar terrenos y esperar a que las constructoras llamasen a tu puerta dispuestos a compartir contigo los beneficios del libre mercado.
Pero en el 2008 estalló una crisis de crédito internacional y los bancos cerraron el grifo, la burbuja inmobiliaria explotó, el sector de la construcción se frenó en seco y el margen de negocio de muchas empresas desapareció. Las administraciones veían cómo el dinero que entraba por sus puertas se reducía de forma drástica año a año esfumándose cualquier posibilidad de inversión mientras crecía una deuda a la que no podían hacer frente.
Entonces las constructoras pusieron sus ojos en una de las pocas joyas que le quedaban a los ayuntamientos: la gestión del agua. Así comenzó una senda de privatizaciones y ventas de empresas municipales de agua con la que las constructoras utilizaban sus ‘buenas relaciones’ con los partidos del régimen y -a través de sus filiales del sector- se aseguraban otros buenos negocios para los próximos años mientras los ayuntamientos obtenían dinerito fresco para cuadrar unos presupuestos lastrados en muchas ocasiones por la mala gestión realizada durante la burbuja inmobiliaria. Todos salían ganando salvo los de siempre: la ciudadanía, la clase trabajadora, los de abajo… pónganle el nombre que más le guste.
Jerez de la Frontera es una de estas ciudades que pueden dar fe de lo contado en las líneas anteriores. Con una de las mayores deudas de toda España en abril de 2013 el gobierno local del Partido Popular privatizó AJEMSA, la empresa municipal encargada de la gestión del agua, el único servicio rentable. Hicieron falta tres intentos para que finalmente Aqualia (filial de FCC) se hiciera con el abastecimiento para los próximos 25 años a cambio de un canon de 80,1 millones de euros. Una ganga si tenemos en cuenta que, según reconoce el propio Partido Popular jerezano, AJEMSA generará un beneficio de 225 millones durante ese periodo.
Así, el agua pasa de ser un bien común gestionado públicamente y derecho humano reconocido por la ONU a ser un bien con el que especular para obtener beneficios privados, y eso se paga. Solo ocho meses después de esta privatización más de 200 familias jerezanas han sufrido la suspensión del suministro de agua por motivos de impago y es solo el principio ya que Aqualia ha asegurado que la ‘campaña’ seguirá adelante.
Seguro que a algún/a lector/ra el caso de Jerez le ha recordado al de nuestra propia ciudad. Aquí también tenemos un problema importante de deuda (140 millones de euros y subiendo), también gobierna el Partido Popular (con el apoyo del Partido Andalucista), también se ha privatizado parte de nuestra empresa municipal de aguas APEMSA, también Aqualia se ha quedado con el servicio tras dos intentos, también será por 25 años, también pagará un canon de 15 millones, también es una ganga porque a cambio de esos 15 millones el Ayuntamiento devolverá a Aqualia un montante mínimo de 45 millones que saldrán de nuestros recibos, ¿también habrá cortes de agua a quién no pueda pagar? Esperemos que no, pero eso ya no estará en manos del Ayuntamiento. Privatizar es lo que tiene.
Pareciera que lo que toca es ceder la gestión municipal del agua a empresas privadas a cambio de dinero. Sin embargo, existe otra modelo, otra forma de gestionar el agua municipal (el agua de todos y todas) y tenemos un buen ejemplo de ello cerca de nuestra ciudad, en Medina Sidonia.
Allí Medina Global, la nueva empresa municipal concesionaria del ciclo integral del agua y 100% pública, ha aprobado impulsar una serie de medidas para garantizar que aquellas personas que atraviesen dificultades económicas tengan garantizado una cantidad mínima de agua para satisfacer sus necesidad básicas, el llamado mínimo vital. Lo harán mediante la creación un fondo de solidaridad financiado íntegramente por esta empresa municipal que financiará 100 litros de agua por habitante y día para aquellas familias que estén en riesgo de exclusión social. Además Medina Global aprobará mecanismos para ayudar a aquellas personas que mantengan deudas con la empresa y se encuentren con problemas personales, económicos o sociales que les impida hacer frente al recibo del agua. El objetivo es que nadie se quede sin agua, todo lo contrario que en Jerez.
Son sin duda dos visiones muy diferentes de entender la relación con el agua: por un lado el modelo del Partido Popular que apuesta por considerar el agua como un elemento más con el que hacer negocio y sujeto a las leyes del mercado, aplicado con ‘copia-pega’ en Jerez, El Puerto, Huelva, Ubrique… y por otro el modelo impulsado por Izquierda Unida en Medina Sidonia, municipio que gobierna con mayoría absoluta, considerando el agua como un servicio vital básico, alejado de los valores del beneficio económico y la especulación.
Pero en el 2008 estalló una crisis de crédito internacional y los bancos cerraron el grifo, la burbuja inmobiliaria explotó, el sector de la construcción se frenó en seco y el margen de negocio de muchas empresas desapareció. Las administraciones veían cómo el dinero que entraba por sus puertas se reducía de forma drástica año a año esfumándose cualquier posibilidad de inversión mientras crecía una deuda a la que no podían hacer frente.
Entonces las constructoras pusieron sus ojos en una de las pocas joyas que le quedaban a los ayuntamientos: la gestión del agua. Así comenzó una senda de privatizaciones y ventas de empresas municipales de agua con la que las constructoras utilizaban sus ‘buenas relaciones’ con los partidos del régimen y -a través de sus filiales del sector- se aseguraban otros buenos negocios para los próximos años mientras los ayuntamientos obtenían dinerito fresco para cuadrar unos presupuestos lastrados en muchas ocasiones por la mala gestión realizada durante la burbuja inmobiliaria. Todos salían ganando salvo los de siempre: la ciudadanía, la clase trabajadora, los de abajo… pónganle el nombre que más le guste.
Jerez de la Frontera es una de estas ciudades que pueden dar fe de lo contado en las líneas anteriores. Con una de las mayores deudas de toda España en abril de 2013 el gobierno local del Partido Popular privatizó AJEMSA, la empresa municipal encargada de la gestión del agua, el único servicio rentable. Hicieron falta tres intentos para que finalmente Aqualia (filial de FCC) se hiciera con el abastecimiento para los próximos 25 años a cambio de un canon de 80,1 millones de euros. Una ganga si tenemos en cuenta que, según reconoce el propio Partido Popular jerezano, AJEMSA generará un beneficio de 225 millones durante ese periodo.
Así, el agua pasa de ser un bien común gestionado públicamente y derecho humano reconocido por la ONU a ser un bien con el que especular para obtener beneficios privados, y eso se paga. Solo ocho meses después de esta privatización más de 200 familias jerezanas han sufrido la suspensión del suministro de agua por motivos de impago y es solo el principio ya que Aqualia ha asegurado que la ‘campaña’ seguirá adelante.
Seguro que a algún/a lector/ra el caso de Jerez le ha recordado al de nuestra propia ciudad. Aquí también tenemos un problema importante de deuda (140 millones de euros y subiendo), también gobierna el Partido Popular (con el apoyo del Partido Andalucista), también se ha privatizado parte de nuestra empresa municipal de aguas APEMSA, también Aqualia se ha quedado con el servicio tras dos intentos, también será por 25 años, también pagará un canon de 15 millones, también es una ganga porque a cambio de esos 15 millones el Ayuntamiento devolverá a Aqualia un montante mínimo de 45 millones que saldrán de nuestros recibos, ¿también habrá cortes de agua a quién no pueda pagar? Esperemos que no, pero eso ya no estará en manos del Ayuntamiento. Privatizar es lo que tiene.
Pareciera que lo que toca es ceder la gestión municipal del agua a empresas privadas a cambio de dinero. Sin embargo, existe otra modelo, otra forma de gestionar el agua municipal (el agua de todos y todas) y tenemos un buen ejemplo de ello cerca de nuestra ciudad, en Medina Sidonia.
Allí Medina Global, la nueva empresa municipal concesionaria del ciclo integral del agua y 100% pública, ha aprobado impulsar una serie de medidas para garantizar que aquellas personas que atraviesen dificultades económicas tengan garantizado una cantidad mínima de agua para satisfacer sus necesidad básicas, el llamado mínimo vital. Lo harán mediante la creación un fondo de solidaridad financiado íntegramente por esta empresa municipal que financiará 100 litros de agua por habitante y día para aquellas familias que estén en riesgo de exclusión social. Además Medina Global aprobará mecanismos para ayudar a aquellas personas que mantengan deudas con la empresa y se encuentren con problemas personales, económicos o sociales que les impida hacer frente al recibo del agua. El objetivo es que nadie se quede sin agua, todo lo contrario que en Jerez.
Son sin duda dos visiones muy diferentes de entender la relación con el agua: por un lado el modelo del Partido Popular que apuesta por considerar el agua como un elemento más con el que hacer negocio y sujeto a las leyes del mercado, aplicado con ‘copia-pega’ en Jerez, El Puerto, Huelva, Ubrique… y por otro el modelo impulsado por Izquierda Unida en Medina Sidonia, municipio que gobierna con mayoría absoluta, considerando el agua como un servicio vital básico, alejado de los valores del beneficio económico y la especulación.
En El Puerto no está todo perdido. La Plataforma ‘APEMSA no se vende’ sigue realizando una encomiable labor para evitar que el agua de los portuenses caiga en manos de una empresa privada que mire más por su tasa de ganancia que por las necesidad de los habitantes de El Puerto. El agua no es un negocio, es un derecho humano y las instituciones públicas deben garantizar el acceso de todo ciudadano a un suministro de agua que asegure una vida digna, tal y como reconocen las Naciones Unidas. Si PP y PA no lo hacen otros tendrán que venir a hacerlo. Como siempre: está en nuestras manos.