Hace algunas semanas Mariano Rajoy tomó la decisión de presentar sus presupuestos para 2012 cinco días después de unas elecciones andaluzas que según estaba escrito debía ganar Javier Arenas y tras una huelga general en respuesta a su violenta reforma laboral. Cosas del calendario, ese mismo día Enrique Moresco y Antonio Jesús Ruiz presentaban su plan de ajuste para el ayuntamiento de El Puerto. En un solo día las y los portuenses recibimos dos hachazos al estado de bienestar y dos ataques a nuestra ya de por sí maltrecha economía familiar.
Si recapitulamos algunas de las medidas del presupuesto presentado por el gobierno del Señor Rajoy nos encontramos con una subida de la luz de un 7%, del gas en un 5%, con la congelación el sueldo de los funcionarios entre otras subidas. Sin olvidar el aumento del IRPF en diciembre pasado entre un 2% y un 7%. Aspectos que afectan directamente al bolsillo de la ciudadanía.
Además, no podemos saber a ciencia cierta cómo afectará a nuestro día a día el resto de recortes del gobierno central. En total las inversiones reales caen al 19,6 % hasta un total de 4.679 M€ destacando la reducción del 21,9% en educación, el 34,6% en infraestructuras, la eliminación total de las ayudas a la dependencia, los 365 M€ menos para sanidad o los 322 M€ menos de ayudas para el acceso a la vivienda. Y lo más importante: los 1.557 M€ menos para políticas activas de empleo en un país que va camino de los seis millones de parados/as. Sabíamos por boca del propio gobierno que la reforma laboral del Partido Popular no iba a generar empleo y estos presupuestos lo confirman.
Tampoco debemos olvidar una de las medidas estrella de estos presupuestos para 2012: una bochornosa amnistía fiscal para los defraudadores a hacienda que les permitirá legalizar su fraude pagando sólo una multa del 10%. Es decir, el gobierno del PP ha conseguido que en España salga más barato defraudar a hacienda que pagar impuestos conforme a la ley. En lugar de perseguir el fraude, el Partido Popular lo premia.
Por si todo esto no fuera poco, desde el ayuntamiento de El Puerto el Partido Popular y el Partido Andalucista aprietan un poco más el cinturón con su plan de ajuste necesario para conseguir un préstamo para reducir la deuda municipal con los proveedores que en total suma 68 millones de euros. La privatización de APEMSA ya se empieza a notar y el recibo del agua subirá un 7,5%. A su vez el recibo de la basura lo hará un 7,8%, las tasas del cementerio subirán un 10% y los comerciantes de la plaza de abastos pagarán un 40% de tasas. Además, este plan de ajuste deja prácticamente sin competencias a algunas concejalías y repite el error del gobierno central: atacar el bolsillo del ciudadano de a pié creando más desigualdad. El ayuntamiento de El Puerto estará hipotecado los próximos diez años y los próximos gobiernos municipales deberán hacer frente a los 68 millones del préstamo y a 20 millones más en intereses lo que reducirá su margen de maniobra para aplicar políticas sociales o de mejora de la ciudad.
En definitiva, las políticas aplicadas por el Partido Popular, junto al Partido Andalucista en el caso de El Puerto, se centran en subir impuestos esenciales a la ciudadanía, atar de pies y manos al Estado y a los municipios recortando inversiones a costa de reducir y asfixiar al estado de bienestar mientras continúan lucrando a la banca privada que en los últimos cuatro años se ha llevado 110.000 M€ de dinero público. En resumidas cuentas, son medidas encaminadas a que sean los que menos tienen, los de abajo, quienes paguen por algo de lo que no son culpables, mientras a otros, los de arriba, se les pasa la mano y se les premia con amnistías fiscales. Esto no es una crisis, es una estafa.