Artículo publicado en Viva El Puerto
SUMAR y el PSOE han firmado un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición progresista durante los próximos cuatro años. Es una buena noticia por varios motivos: porque aleja el fantasma de la repetición electoral, cierra la puerta del ejecutivo central a la derecha extrema y la extrema derecha, y garantiza seguir avanzando en la agenda de derechos sociales laborales para la clase trabajadora.
Sin duda, el anterior acuerdo firmado en 2019 entre el PSOE y Unidas Podemos ha sido muy positivo para la sociedad española en su conjunto, rompiendo con años de políticas de austeridad y recortes y afrontando la pandemia desde la protección social de las personal que más lo necesitaban. Pero también es cierto que quedaron cuestiones pendientes que ahora se deben afrontar junto a nuevas medidas que respondan a las expectativas y las necesidades de la ciudadanía. El nuevo gobierno de coalición deberá estar a su altura.
El acuerdo recoge importantes medidas como la reducción de jornada laboral sin reducir el sueldo; seguir subiendo el salario mínimo para que los trabajadores y trabajadoras no pierdan poder adquisitivo; reforzar el sistema público de salud para reducir las listas de espera; ampliar los permisos retribuidos por nacimiento; llevar a cabo una reforma fiscal justa que haga que la banca y las grandes empresas de energía contribuyan a la inversión pública; o desarrollar la ley de vivienda para regular los alquileres. Avances para mejorar la vida de la gente y sentar las bases de la España que queremos: más justa, social, democrática e igualitaria.
Siempre decimos que los ayuntamientos son la administración pública más importante porque es la más próxima a la ciudadanía. Este acuerdo no se olvida de ellos y establece el compromiso para reformar la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, para establecer “un marco competencial y financiero que garantice el principio de suficiencia financiera de forma que se asegure la prestación de unos servicios públicos de calidad por los municipios”; además de aprobar una Ley de Régimen Local “que refuerce la autonomía local, con unas competencias definidas de los entes locales para que se puedan desarrollar las políticas públicas con garantías de calidad y transparencia”. Dos medidas fundamentales que se suman a otras tomadas la pasada legislatura, como la supresión de la regla de gasto, que permitirá a ayuntamientos como el de El Puerto seguir mejorando su situación económica y mejorar los servicios públicos. ¡Qué suerte tiene Beardo de contar con este gobierno central!