Siempre solemos decir, con razón, que el ayuntamiento es la institución más próxima a la ciudadanía. Allí donde acudimos cuando tenemos un problema de cualquier índole o cuando tenemos que realizar algún trámite administrativo del tipo que sea. Alcaldes y concejales son los cargos públicos más apegados a la realidad y a quienes es más fácil reclamarle cualquier cuestión, sea o no de su competencia.
Los ayuntamientos son fundamentales para el Estado. De hecho son Estado. El ejemplo perfecto lo tenemos en el importantísimo papel que han jugado durante la crisis sanitaria del COVID-19, realizando enormes esfuerzos, asumiendo competencias impropias y soportando con sus propios presupuestos actuaciones con las que tratar de ofrecer soluciones a sus vecinos y vecinas en un contexto nunca antes visto.
Sin embargo, a pesar de este importante papel la administración local tiene un histórico problema de financiación. Desde hace más de 35 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa para esta cuestión, que se ha ido demorando en el tiempo de un modo inexplicable a pesar de que todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales mejorar la financiación municipal.
Ni los gobiernos del Partido Popular ni los del Partido Socialista han resuelto jamás este problema. Especialmente negativo fue el papel jugado por los últimos gobiernos del PP bajo la Presidencia de Mariano Rajoy, cuando se impusieron una serie de medidas austericidas que han supuesto la asfixia económica de los ayuntamientos y un auténtico torpedo en la línea de flotación de las políticas públicas.
Por eso es urgente derogar la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local y sustituirla por una nueva normativa que conceda más autonomía financiera a las entidades locales. Como igual de urgente es derogar también la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 2/2012 por tratarse de una legislación que ha demostrado ser enormemente perjudicial para la autonomía y suficiencia financiera local.
También es necesario reforzar la participación de las entidades locales tanto en los ingresos del Estado (PIE) como en los ingresos y tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA) para garantizar que los ayuntamientos tengan una financiación suficiente y estable que les permita poner en marcha iniciativas públicas de calidad que redunden en mejoras para la ciudadanía. Es necesario afrontar ya este debate. El Gobierno de Coalición supone una oportunidad histórica, aprovechémosla.