Artículo publicado en El Puerto Actualidad
Nada más comenzar este año el Ayuntamiento de El Puerto recibió un requerimiento del Ministerio de Hacienda en el que se informaba del incumplimiento de algunos parámetros del Plan de Ajuste durante el año 2014. En concreto son dos: el periodo medio de pago (121 días cuando la ley marca un máximo de 30) y el remanente de tesorería que arrojaba un saldo negativo de 3,8 millones de euros en lugar de un superávit récord como se enorgullecía hace poco el Partido Popular local.
Se trata del segundo requerimiento del Ministerio de Hacienda al que tiene que hacer frente el nuevo gobierno local en siete meses, tras el recibido el pasado 1 de octubre en el que instaba al Ayuntamiento de El Puerto a acogerse o no a un Fondo de Ordenación con el que poder liquidar la deuda comercial con proveedores a cambio de nuevas medidas de recorte, subida de tasas e impuestos municipales etc.
La consecuencia de esas irregularidades en las cuentas de 2014 han sido la paralización del presupuesto municipal para 2016 que el gobierno local ya tenía aprobado de forma inicial desde el 3 de diciembre y que, de haberse cumplido los plazos con normalidad, ya estaría en vigor. Finalmente esta situación ha podido desbloquearse y en breve se podrá elevar a pleno la aprobación definitiva del presupuesto de este año, lo que permitirá al gobierno municipal trabajar con normalidad.
Al margen de las suspicacias que pueda levantar el “compromiso” del Ministerio de Hacienda para con la ciudad de El Puerto y el nuevo gobierno municipal, estos hechos han evidenciado varias cuestiones:
La primera: que la batalla de los ayuntamientos va a ser larga y difícil, muy especialmente para los gobiernos de progreso que se enfrentan a un marco normativo y legal totalmente hostil a cualquier propósito de transformación social. Ayuntamientos al servicio de la gente o Ayuntamientos al servicio del Ministerio de Hacienda, esa es la cuestión.
La segunda: que teníamos razón quienes alertábamos del sometimiento de las instituciones públicas a la tiranía de la deuda a través del artículo 135 de la Constitución y del atentado a la democracia local que suponía la aplicación de los planes de ajuste a las administraciones municipales.
Y la tercera: que gracias a la gestión del anterior gobierno del Partido Popular portuense este Ayuntamiento no solo tiene unos niveles de endeudamiento insostenibles (por encima de los 140 millones de euros), sino que también estará intervenido de facto y no tendrá libertad para elaborar los presupuestos que el gobierno local actual crea conveniente, porque necesitará obtener el visto bueno previo del Ministerio de Hacienda para aprobar las cuentas municipales hasta 2020.
Este nuevo contratiempo, fruto de la herencia recibida, supone otro obstáculo más para hacer políticas municipales en favor de quienes menos tienen y poner las instituciones locales al servicio de la gente. Pero nunca hay que bajar los brazos: a mayor adversidad, mayor determinación. Ese es el camino, sin duda.
Nada más comenzar este año el Ayuntamiento de El Puerto recibió un requerimiento del Ministerio de Hacienda en el que se informaba del incumplimiento de algunos parámetros del Plan de Ajuste durante el año 2014. En concreto son dos: el periodo medio de pago (121 días cuando la ley marca un máximo de 30) y el remanente de tesorería que arrojaba un saldo negativo de 3,8 millones de euros en lugar de un superávit récord como se enorgullecía hace poco el Partido Popular local.
Se trata del segundo requerimiento del Ministerio de Hacienda al que tiene que hacer frente el nuevo gobierno local en siete meses, tras el recibido el pasado 1 de octubre en el que instaba al Ayuntamiento de El Puerto a acogerse o no a un Fondo de Ordenación con el que poder liquidar la deuda comercial con proveedores a cambio de nuevas medidas de recorte, subida de tasas e impuestos municipales etc.
La consecuencia de esas irregularidades en las cuentas de 2014 han sido la paralización del presupuesto municipal para 2016 que el gobierno local ya tenía aprobado de forma inicial desde el 3 de diciembre y que, de haberse cumplido los plazos con normalidad, ya estaría en vigor. Finalmente esta situación ha podido desbloquearse y en breve se podrá elevar a pleno la aprobación definitiva del presupuesto de este año, lo que permitirá al gobierno municipal trabajar con normalidad.
Al margen de las suspicacias que pueda levantar el “compromiso” del Ministerio de Hacienda para con la ciudad de El Puerto y el nuevo gobierno municipal, estos hechos han evidenciado varias cuestiones:
La primera: que la batalla de los ayuntamientos va a ser larga y difícil, muy especialmente para los gobiernos de progreso que se enfrentan a un marco normativo y legal totalmente hostil a cualquier propósito de transformación social. Ayuntamientos al servicio de la gente o Ayuntamientos al servicio del Ministerio de Hacienda, esa es la cuestión.
La segunda: que teníamos razón quienes alertábamos del sometimiento de las instituciones públicas a la tiranía de la deuda a través del artículo 135 de la Constitución y del atentado a la democracia local que suponía la aplicación de los planes de ajuste a las administraciones municipales.
Y la tercera: que gracias a la gestión del anterior gobierno del Partido Popular portuense este Ayuntamiento no solo tiene unos niveles de endeudamiento insostenibles (por encima de los 140 millones de euros), sino que también estará intervenido de facto y no tendrá libertad para elaborar los presupuestos que el gobierno local actual crea conveniente, porque necesitará obtener el visto bueno previo del Ministerio de Hacienda para aprobar las cuentas municipales hasta 2020.
Este nuevo contratiempo, fruto de la herencia recibida, supone otro obstáculo más para hacer políticas municipales en favor de quienes menos tienen y poner las instituciones locales al servicio de la gente. Pero nunca hay que bajar los brazos: a mayor adversidad, mayor determinación. Ese es el camino, sin duda.