Artículo publicado en El Puerto Actualidad
En la visita a El Puerto que realizó ayer Antonio Maíllo, Coordinador General de Izquierda Unida en Andalucía, comentó que el Ayuntamiento de El Puerto ha pasado de ser “un claro ejemplo del fracaso de las políticas neoliberales tras décadas de gobiernos de derecha” a convertirse en “un Ayuntamiento para la gente y no al servicio del Ministerio de Hacienda”.
A raíz de las últimas elecciones municipales se ha abierto un panorama esperanzador para la mayoría social trabajadora que durante estos últimos años ha estado sufriendo los efectos de la crisis económica y las consecuencias de las políticas de austeridad impulsadas por los últimos gobiernos centrales. Las candidaturas de unidad popular se han abierto camino y, junto a otras fuerzas rupturistas, han establecido gobiernos ‘populares’ en muchas de las principales ciudades del Estado.
Sin embargo, estos nuevos gobiernos se van a enfrentar a un marco normativo y legal totalmente hostil a los propósitos de transformación social que propugnan. La reforma del artículo 135 de la Constitución, que consagra la obligatoriedad de todas las administraciones públicas de cumplir con el déficit cero, o la entrada en vigor de la Ley de Bases de Régimen Local, que desmonta y limita las competencias que pueden ejercer los ayuntamientos, dibujan un escenario en el que cualquier intento de aplicar políticas de transformación se convierte en toda una batalla.
En esta situación se encuentra el nuevo gobierno progresista que está al frente de nuestro ayuntamiento. Además de lo mencionado en el párrafo anterior, las enormes ganas de cambio expresadas en las urnas por la sociedad portuense se topan, por ejemplo, con los planes de ajustes aprobados desde 2012 y que encorsetan la política económica del Ayuntamiento hasta 2032, los 147 millones de euros de deuda, u otras operaciones y proyectos heredados del mandato anterior que condicionan en buena medida la acción de gobierno.
Cualquier gobierno con un programa que busque impulsar la transformación social y no quiera limitarse a la simple gestión de lo que hay -como es el caso de El Puerto- tiene un largo camino por delante, una carrera de obstáculos que arranca, en el corto plazo, con la obligatoriedad de hacer frente a ‘herencia recibida’ y continúa, en el medio plazo, con la ardua tarea de desarrollar los cambios o modificaciones de ordenanzas, la creación de nuevos reglamentos de participación etc. que establezcan las reglas de un nuevo modelo de ciudad.
En estas cuestiones -que parecen puramente administrativas- está una de las claves que puede contribuir al éxito o al fracaso de estos nuevos gobiernos: cómo articular los impulsos de cambio, la defensa y recuperación de los servicios públicos o las nuevas dinámicas de participación a los tiempos y al funcionamiento de las actuales instituciones municipales, hasta que consigamos abrir un proceso constituyente que impulse un nuevo modelo de país donde decidir entre todos y todas cuál es el papel que debe jugar la administración más cercana a la ciudadanía.
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