Artículo publicado en El Puerto Actualidad
Esta semana comenzaba con una convocatoria inusual en nuestra ciudad: el gobierno municipal citaba a la ciudadanía a una asamblea informativa sobre uno de los asuntos más polémicos y oscuros que el Partido Popular impulsara en el último mandato: el proyecto de construcción de los aparcamientos subterráneos en Plaza de Toros y Pozos Dulces.
Ante un salón de actos lleno, el gobierno loca+l rindió cuentas de las gestiones realizadas respecto a este proyecto durante los primeros 130 días de mandato, mientras los ciudadanos y ciudadanas que decidieron acudir tuvieron la ocasión de opinar, preguntar y debatir de igual a igual con sus representantes públicos. Algo que debería ser lo normal en una democracia se convirtió en un acontecimiento político que supone un tremendo cambio de dinámicas con respecto a gobiernos anteriores.
Sacar la política municipal de las instituciones, acercarla a la gente y darles la oportunidad de dirigirse directamente a su gobierno rompe las barreras que durante mucho tiempo han encorsetado los espacios de participación locales, que dotados de escaso contenido y nula o casi nula capacidad de decisión fueron reduciéndose a los partidos con representación municipal y las asociaciones más acostumbradas a tratar con la administración.
Sin duda es una tarea enorme que pasa por hacer de la participación ciudadana un derecho real que posibilite la toma de decisiones por las personas y colectivos en espacios abiertos, igualitarios y transversales, capaces de responder a las demandas de participación de una ciudadanía que ya no se limita a reclamar, sino que también quiere construir y decidir. Para ello, se hace necesario repensar los actuales órganos de participación municipales, los reglamentos, los consejos distrito, las mesas sectoriales etc.
Una apuesta de este calado quedaría coja si se limitará al ámbito de las decisiones políticas, dejando al margen el plano económico. Las políticas de participación más exitosas se han dado en municipios que han llevado la capacidad de decisión de la ciudadanía también a los presupuestos, el instrumento político más importante que tiene un municipio, y también el de mayor capacidad de transformación social.
Pero, previamente a la puesta en marcha de nuevos espacios de participación, presupuestos participativos o reformas de reglamentos etc. la apuesta por la radicalidad democrática en las instituciones municipales necesita de un cambio fundamental por parte de los responsables políticos locales: asumir el principio de “mandar obedeciendo”, es decir, asumir que son representantes del pueblo y de sus intereses, y por tanto, aceptar la pérdida de poder en beneficio de la gente.
Ante un salón de actos lleno, el gobierno loca+l rindió cuentas de las gestiones realizadas respecto a este proyecto durante los primeros 130 días de mandato, mientras los ciudadanos y ciudadanas que decidieron acudir tuvieron la ocasión de opinar, preguntar y debatir de igual a igual con sus representantes públicos. Algo que debería ser lo normal en una democracia se convirtió en un acontecimiento político que supone un tremendo cambio de dinámicas con respecto a gobiernos anteriores.
Sacar la política municipal de las instituciones, acercarla a la gente y darles la oportunidad de dirigirse directamente a su gobierno rompe las barreras que durante mucho tiempo han encorsetado los espacios de participación locales, que dotados de escaso contenido y nula o casi nula capacidad de decisión fueron reduciéndose a los partidos con representación municipal y las asociaciones más acostumbradas a tratar con la administración.
Sin duda es una tarea enorme que pasa por hacer de la participación ciudadana un derecho real que posibilite la toma de decisiones por las personas y colectivos en espacios abiertos, igualitarios y transversales, capaces de responder a las demandas de participación de una ciudadanía que ya no se limita a reclamar, sino que también quiere construir y decidir. Para ello, se hace necesario repensar los actuales órganos de participación municipales, los reglamentos, los consejos distrito, las mesas sectoriales etc.
Una apuesta de este calado quedaría coja si se limitará al ámbito de las decisiones políticas, dejando al margen el plano económico. Las políticas de participación más exitosas se han dado en municipios que han llevado la capacidad de decisión de la ciudadanía también a los presupuestos, el instrumento político más importante que tiene un municipio, y también el de mayor capacidad de transformación social.
Pero, previamente a la puesta en marcha de nuevos espacios de participación, presupuestos participativos o reformas de reglamentos etc. la apuesta por la radicalidad democrática en las instituciones municipales necesita de un cambio fundamental por parte de los responsables políticos locales: asumir el principio de “mandar obedeciendo”, es decir, asumir que son representantes del pueblo y de sus intereses, y por tanto, aceptar la pérdida de poder en beneficio de la gente.
Esta convocatoria debe ser un primer paso en un camino muy interesante: construir desde el ámbito local otras formas de gobierno que sitúen a la gente como actor fundamental y les devuelva el poder sobre lo público, superando un modelo de democracia representantiva que ha conseguido desvincular a la ciudadanía de las instituciones, dejándolas en manos de élites al servicio de los intereses de las oligarquías. En definitiva, recuperar las instituciones, devolver la política a la gente y crear poder popular.