Artículo publicado en El Puerto Actualidad
El artículo 16.3 de la actual Constitución Española recoge de forma expresa el carácter aconfesional del estado: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”. Casi cuarenta años después, los intentos de hacer efectivo este principio de aconfesionalidad siguen siendo noticia, prueba evidente de que el debate sobre la separación entre Iglesia y Estado ni está superado ni está cerrado. Otra consecuencia de aquella transición que ni fue tan modélica ni fue tan acuerdo entre iguales.
En concreto, me refiero a la decisión del nuevo gobierno local de Zaragoza, formado por Zaragoza en Común -candidatura de unidad popular que se hizo con la alcaldía de la capital aragonesa en las pasadas elecciones municipales-, que ha planteado una reforma del Reglamento de Protocolo local que elimina la obligación de que los/as representantes municipales participen en actos religiosos como las procesiones de Semana Santa, el Corpus u otros actos confesionales similares. De esta manera, las concejalas y concejales zaragozanos podrán acudir a actos de índole religiosa (de cualquier religión, no solo la católica) a título personal y de acuerdo con sus creencias, pero no en calidad de concejal/a o en representación de la Corporación.
Esta iniciativa de Zaragoza en Común es sin duda un gran paso adelante para garantizar la aconfesionalidad de las administraciones públicas y una medida muy deseable para una institución municipal como la portuense que tanto orden necesita en este aspecto tras estos últimos ocho años de gobierno del Partido Popular, y muy especialmente durante el mandato del ex-alcalde Alfonso Candón, en los que El Puerto se ha convertido en un ejemplo de cómo usar las instituciones públicas para, desde el convencimiento ideológico, estrechar las relaciones entre la institución local y la Iglesia Católica, dándole a ésta última notoriedad en todos los aspectos de la vida municipal y la sociedad portuense.
En este nuevo tiempo político abierto en El Puerto es necesaria una apuesta clara por la aconfesionalidad de la administración municipal. No se trata de buscar el enfrentamiento -quienes quieran verlo así se equivocan-, se trata simple y llanamente de cumplir un precepto constitucional y de colocar a las instituciones públicas y las eclesiásticas en la posición que a cada una le corresponde.
En definitiva, bien podría resumirse todo esta columna en aquella frase de un joven Julio Anguita, a la sazón Alcalde de Córdoba: “Usted no es mi obispo, pero yo sí soy su alcalde”.
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