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¡Es el 135, estúpido!

Artículo publicado en El Puerto Actualidad con motivo del 6 de diciembre

Estamos a unos días de un nuevo aniversario de la Constitución de 1978. Como viene siendo habitual por estas fechas nos dirán por todos los medios de comunicación posibles lo magníficamente buena que es esta constitución que tenemos, lo modélica que fue la transición que la originó, cuánto progreso nos ha dado y cuántas cosas le debemos. Sin embargo, la constitución que los españoles y españolas de aquella época votaron hace 35 años ya no es la misma.

Hace dos veranos el gobernante Partido Socialista llevó a cabo con el apoyo del Partido Popular una reforma exprés de la Constitución obedeciendo los dictados de la Troika y, sin referéndum ni cualquier otro tipo de consulta, los ciudadanos y ciudadanas de este país vimos cómo en una tarde se puede acabar con la soberanía de un estado. Este hecho puede quedar en el olvido o recordarse como uno de los tantos “errores” que se cometieron durante aquel gobierno, pero reducirlo a un simple error o una página de la hemeroteca es obviar la centralidad que este despreciable acto tiene en el sufrimiento diario de miles de personas.
Aquella reforma pactada en una tarde eleva a rango constitucional la obligatoriedad de todas las administraciones del estado a tener ‘déficit cero’, inscribiendo en la Constitución de todos los españoles y españolas uno de los dogmas de la doctrina neoliberal y asestando una puñalada por la espalda a todo el articulado social inserto en ella porque, simple y llanamente, el pago de la deuda (y de sus intereses) a la banca está por encima de cualquier inversión social. 

Gracias a esta reforma, perpetrada por los partidos del régimen al servicio de la troika, es perfectamente legal y una obligación constitucional haber llevado a cabo los mayores recortes de la historia en sanidad, educación, becas, políticas activas de empleo, transferencias a las Comunidades Autónomas… y haber dado más de 220.000 millones de euros de dinero público (nuestro dinero, el dinero de todos y todas) a la banca privada desde 2007.

Este cambio en el articulado constitucional también se deja sentir aquí en El Puerto. Desde que se modificara la Constitución los/as portuenses hemos sufrido el cierre del piso asistido, dos planes de ajuste, la privatización de APEMSA, la subida de impuestos y tasas municipales, el recorte en los servicios de algunas empresas concesionarias, la zona naranja… Para colmo, pronto sufriremos también una reforma de la administración local que amenaza con destruir la democracia municipal (la más cercana a la ciudadanía) y acabar con el modelo de ayuntamiento que conocemos porque “es necesario reducir la deuda pública”.

En los últimos meses se están produciendo movilizaciones sectoriales en todos los niveles, también en nuestra ciudad, como respuesta a las brutales y antisociales políticas del gobierno del Partido Popular (en empleo, en educación, en pensiones…) pero debemos ir a la raíz del problema: la batalla central y decisiva hacia donde deben converger todas estas movilizaciones debe de ser la lucha por derogar el infame artículo 135 de la Constitución. Mientras este artículo siga presente las políticas de recortes estarán legitimadas constitucionalmente y cualquier alternativa de transformación social opuesta a los ideales neoliberales será simplemente ilegal en nuestro estado.

No hablamos de una medida secundaria, hablamos de un elemento político, social y económico central para todos y todas. Por ello no es entendible que haya formaciones políticas que protesten ahora contra las políticas de recorte del Gobierno Central mientras siguen avalando el artículo 135. Esto sólo responde a mero electoralismo, a seguir con el teatro bipartidista donde se escenifican diferencias superficiales entre unos y otros mientras se mantienen de acuerdo en las grandes cuestiones políticas del estado (capitalismo neoliberal, monarquía, OTAN, Unión Europea, Banco Central Europeo, moneda única…).

Así, en este nuevo aniversario de una Constitución obsoleta que es papel mojado, la línea divisoria que separa a quienes quieren ser alternancia de quienes queremos ser alternativa se sitúa entre el sí o el no al artículo 135.

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