Artículo publicado en El Puerto Actualidad
El pasado miércoles vivimos el primer episodio de aquella batalla de los ayuntamientos a la que hacía mención en un artículo publicado en este mismo medio a finales de julio. El gobierno municipal convocó un pleno extraordinario para dar cuenta a la ciudadanía del requerimiento presentado por el Ministerio de Hacienda el pasado 1 de octubre en el que instaba al Ayuntamiento de El Puerto a acogerse o no a un Fondo de Ordenación con el que poder liquidar la deuda comercial con proveedores, que alcanza los 19 millones de euros (FCC, Urbaser y Recolte fundamentalmente).
Este anticipo de financiación ofrece condiciones financieras más favorables que las actuales pero, a cambio, el Ministerio impondría nuevas medidas de ajuste: reducir un 5% el capítulo de personal y los servicios municipales; aumentar en un 5% las tasas municipales de mercado, cultura, cementerio, teatro, fomento y participación ciudadana; subir el IBI; y suprimir las bonificaciones fiscales y todas las subvenciones municipales a asociaciones, clubes o hermandades. A todo esto se sumaría la obligación de someter a aprobación el presupuesto municipal anualmente al Ministerio de Hacienda, quién tendría la última palabra sobre las cuentas municipales.
De no acogerse, el Ministerio podría retener parte de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), lo que terminaría con la autonomía del Ayuntamiento para gestionar su política económica, y por tanto, con su capacidad para hacer política.
Así pues, el gobierno municipal se enfrentaba a una elección trampa: acogerse al plan asumiendo nuevas políticas de recorte y sometiendo los presupuestos al control de Ministerio, o no acogerse y ser “intervenidos”. En definitiva, sucumbir al dogma de la austeridad y al modelo neoliberal de una u otra forma, aunque suponga terminar con la autonomía local, empeorar los servicios municipales y seguir cargando las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de los/as portuenses.
El equipo de gobierno optó por no acogerse y romper con la espiral de deuda que ya denunciara el edil de Izquierda Unida Antonio Fernández allá por 2013. Mientras, los concejales y concejalas del Partido Popular, culpables directos de la gestión que ha llevado al Ayuntamiento al borde del abismo tras ocho años en el gobierno, 147 millones de euros de deuda y un periodo medio de pago a proveedores que cuadruplica lo establecido por la ley, ni siquiera emitieron voto. Ni a favor, ni en contra, ni abstención. Nada, sólo silencio. Incapaces de decidir si apoyaban las medidas que su partido impone desde Madrid (apoyadas por su actual portavoz Alfonso Candón, ausente en este pleno) o los intereses de la gente de El Puerto.
Este anticipo de financiación ofrece condiciones financieras más favorables que las actuales pero, a cambio, el Ministerio impondría nuevas medidas de ajuste: reducir un 5% el capítulo de personal y los servicios municipales; aumentar en un 5% las tasas municipales de mercado, cultura, cementerio, teatro, fomento y participación ciudadana; subir el IBI; y suprimir las bonificaciones fiscales y todas las subvenciones municipales a asociaciones, clubes o hermandades. A todo esto se sumaría la obligación de someter a aprobación el presupuesto municipal anualmente al Ministerio de Hacienda, quién tendría la última palabra sobre las cuentas municipales.
De no acogerse, el Ministerio podría retener parte de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE), lo que terminaría con la autonomía del Ayuntamiento para gestionar su política económica, y por tanto, con su capacidad para hacer política.
Así pues, el gobierno municipal se enfrentaba a una elección trampa: acogerse al plan asumiendo nuevas políticas de recorte y sometiendo los presupuestos al control de Ministerio, o no acogerse y ser “intervenidos”. En definitiva, sucumbir al dogma de la austeridad y al modelo neoliberal de una u otra forma, aunque suponga terminar con la autonomía local, empeorar los servicios municipales y seguir cargando las consecuencias de la crisis sobre las espaldas de los/as portuenses.
El equipo de gobierno optó por no acogerse y romper con la espiral de deuda que ya denunciara el edil de Izquierda Unida Antonio Fernández allá por 2013. Mientras, los concejales y concejalas del Partido Popular, culpables directos de la gestión que ha llevado al Ayuntamiento al borde del abismo tras ocho años en el gobierno, 147 millones de euros de deuda y un periodo medio de pago a proveedores que cuadruplica lo establecido por la ley, ni siquiera emitieron voto. Ni a favor, ni en contra, ni abstención. Nada, sólo silencio. Incapaces de decidir si apoyaban las medidas que su partido impone desde Madrid (apoyadas por su actual portavoz Alfonso Candón, ausente en este pleno) o los intereses de la gente de El Puerto.
Rescato una frase que pronunciara el Coordinador General de IU Andalucía Antonio Maíllo en su última visita a El Puerto: necesitamos ayuntamientos al servicio de la gente, no al servicio del Ministerio de Hacienda. El miércoles quedó claro qué quiere, qué defiende y a quién obedece cada partido.
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