Artículo publicado en El Puerto Actualidad
El 2 de junio se anunciaba la abdicación del Jefe del Estado. Juan Carlos de Borbón, clave de bóveda del sistema político y económico nacido tras el final de la dictadura fascista (y garante de la continuidad en el poder de ciertas élites) manifestaba su voluntad de dejar el trono de España pocos días después de que los dos principales partidos del régimen, PP y PSOE, se dieran un batacazo histórico situándose por debajo del 50% de voto por primera vez en la historia en unas elecciones.
Rápidamente PP, PSOE, y las élites económicas que tanto le deben a Juan Carlos I se pusieron manos a la obra para preparar una sucesión sin sobresaltos y coronar a Felipe VI como nuevo rey de los españoles y las españolas… en 15 días. Nunca antes se había visto tal rapidez, salvo cuando esas mismas partes -PP, PSOE, y élites económicas- reformaron el artículo 135 de la Constitución para dar prioridad al pago de la deuda sobre cualquier inversión social.
Difícilmente se puede negar que el marco político y económico impulsado por las élites del franquismo se resquebraja por agotamiento. El miedo a un ejército fascista y a la represión de estado fueron elementos de coacción muy útiles para ‘alcanzar’ ciertos consensos allá por 1978. Pero hoy, en 2014, estos acuerdos son cuestionados por una parte cada vez mayor de una sociedad donde más del 70% de la población actual ni los votó ni los ratificó.
Desde que se hizo pública la abdicación del Jefe del Estado se nos ha querido mostrar que estamos ante un debate procedimental, cuando realmente nos encontramos ante un debate sobre la naturaleza democrática de nuestro modelo de Estado. Tras 40 años de dictadura y 39 de reinado de Juan Carlos de Borbón la ciudadanía quiere participar y decidir democráticamente cómo organizar el futuro de su país. Así lo lleva demostrando desde aquel 15 de mayo de 2011 y también ahora en infinidad de concentraciones y manifestaciones que exigen un referéndum sobre el modelo de estado.
El Puerto no se ha mantenido al margen de estas reclamaciones democráticas y tanto el día del anuncio de abdicación, como en las jornadas de movilización del 7J, decenas de portuenses se dieron cita frente al Ayuntamiento de nuestra ciudad para reclamar su derecho a elegir al jefe del Estado. También ha habido repercusión en el ámbito institucional, cuando en el pasado pleno ordinario se debatió una moción presentada por Izquierda Unida en la que se instaba al gobierno central a la apertura de un proceso constituyente con arreglo a lo dispuesto en el texto constitucional que someta a referéndum el modelo de Estado. Nuevamente los partidos del régimen hicieron el trabajo que se espera de ellos y PP y PSOE rechazaron la petición.
Necesitamos dejar de mantener a un régimen caduco y poner en marcha entre todos y todas un nuevo proceso constituyente, un procedimiento de construcción colectiva de un nuevo proyecto de país, en el que decidamos sobre la jefatura del Estado, pero también seamos capaces de decidir sobre nuestra economía, sobre nuestro modelo de organización territorial, sobre nuestros sectores estratégicos, sobre la vivienda, los servicios públicos…
La Constitución de 1978 establece en su artículo 1.2 que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” y en su artículo 92.1 que “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”. Entonces ¿qué problema hay en que el el pueblo opine? ¿Por qué tanto miedo a dejar que la gente participe y decida?