jueves, 27 de febrero de 2014

De conciertos y sanidad pública para El Puerto

Publicado en El Puerto Actualidad

El 31 de enero se acababa el concierto que la Junta de Andalucía mantiene con la empresa Pascual S.A. por la que esta última gestiona varios hospitales en la provincia de Cádiz y en el resto de Andalucía, entre ellos el Hospital Santa María del Puerto, popularmente conocido como Frontela. 

Comenzaban entonces los tiras y afloja en unas negociaciones de ámbito andaluz en las que el hospital de El Puerto -siempre según la Junta de Andalucía- no corre peligro de cierre y los desacuerdos entre ambas partes se producen en torno a otros centros hospitalarios andaluces.

Como es comprensible, ante este panorama los trabajadores y trabajadoras del hospital portuense comenzaron a movilizarse en defensa del concierto privado del que dependen sus empleos y la atención sanitaria de los portuenses y otros habitantes de nuestro entorno.

También es normal que un empresario quiera mantener su margen de ganancia, aunque en este caso sus beneficios dependan de hacer negocio a costa de la administración pública y de la salud de todos/as, a parte claro de la plusvalía, es decir, del valor «extra» que se obtiene del trabajo no pagado a cualquier asalariado/a.

Con la defensa de la sanidad pública por bandera lo ideal es que toda la atención hospitalaria que presta el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se haga desde centros públicos y que la Junta de Andalucía asumiese los servicios sanitarios que se dan en el hospital de El Puerto (incluyendo a la plantilla). Ahora bien, ante esto surgen dos problemas. 

El primero es la propia estructura de la sanidad pública en la provincia de Cádiz donde en los años 80 se apostó decididamente por un modelo concertado y en la actualidad un elevado porcentaje de los centros sanitarios funcionan mediante concierto, generando una dependencia de una misma empresa difícil de solventar. Para muestra, el propio hospital de El Puerto que por aquellos años fue ofrecido a la Junta y ésta decidió concertarlo en lugar de hacerse cargo de él. 

El segundo es coyuntural pero está relacionado con lo comentado anteriormente. A la actual situación económica que viven las administraciones públicas -de rodillas ante la banca privada y obligadas por el artículo 135 de la Constitución a pagar deuda antes que a realizar cualquier inversión social- y, en el caso de Andalucía, con 1.200 millones de euros menos de financiación por obra y gracia del gobierno central del Partido Popular, hace casi imposible que la Junta pueda afrontar la ‘nacionalización’ de nuestro hospital.

Por ello, parece que ahora mismo no se dan las condiciones para que el sistema sanitario público andaluz asuma el hospital de El Puerto (tal y como muchos/as desearíamos y esperamos que se haga en un futuro) y puesto que es evidente que una ciudad como El Puerto, con 90.000 habitantes durante todo el año y el una población que se duplica en verano no puede quedarse sin hospital, la única solución pasa por renovar el convenio (y aquí la empresa también debe hacer un ejercicio de responsabilidad), asegurar el empleo de los trabajadores y trabajadoras y seguir ofreciendo atención sanitaria a los portuenses y residentes de nuestro entorno.

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