viernes, 19 de febrero de 2016

Democratizar la política y también la economía

Artículo publicado en El Puerto Actualidad

Hace unos días el Ayuntamiento de Barcelona manifestó su voluntad de convertir a la ciudad en "capital de la economía solidaria" e impulsar desde la institución local iniciativas empresariales éticas. Para ello, una de las propuestas del equipo de gobierno que encabeza Ada Colau, es priorizar en las contrataciones públicas a este tipo de empresas a través de una “mesa de Proveedores de Compra Pública Socialmente Responsable" que dará preferencia a aquellas empresas pongan en valor el retorno social en el que realizan su actividad económica.

Además, el Ayuntamiento de Barcelona fomentará que los ciudadanos y ciudadanas tengan más facilidades para conocer e impulsar empresas del sector de la economía social y solidaria y favorecer su desarrollo. Algo de vital importancia porque si bien hoy día existen alternativas sólidas, desde la banca y los seguros a las telecomunicaciones, la alimentación o la energía, éstas son grandes desconocidas para la inmensa mayoría de la población.

Aunque desde el consistorio barcelonés todavía no han concretado qué criterios utilizarán o si habrá un porcentaje mínimo para la contratación de este tipo de empresas, esta decisión abre una puerta muy interesante para la colaboración ‘público-comunitaria’.

Pero ¿qué tiene esto de especial? ¿y qué es eso de la economía social y solidaria? Para responder a esta última pregunta, lo más sencillo es recurrir a la Carta Solidaria, que define a la economía solidaria como “un enfoque de la actividad económica que tiene en cuenta a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable, como referencia prioritaria, por encima de otros intereses” y continúa, “una manera de vivir que abarca la integralidad de las personas y designa la subordinación de la economía a su verdadera finalidad: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal, social y ambiental del ser humano”.

Barcelona es la segunda ciudad más importante del Estado. Supone ella sola el 31% del PIB de Cataluña y concentra en torno a su área metropolitana al 66% de la población total de esta región. Por eso es tan importante esta decisión del gobierno municipal de fomentar desde la administración local un modelo de economía que “pretende incorporar a la gestión de la actividad económica, los valores universales que deben regir la sociedad y las relaciones entre toda la ciudadanía: equidad, justicia, fraternidad económica, solidaridad social y democracia directa”.

Las últimas elecciones municipales conllevaron un enorme cambio del panorama político municipal. Muchos de estos nuevos ayuntamientos, gobernados por candidaturas ciudadanas de unidad popular, están impulsando nuevas formas de relación entre la administración local y la ciudadanía en el ámbito político (participación directa, consultas locales, presupuestos participativos etc). Ahora, Barcelona inicia el camino de la transformación en la esfera económica, apostando por una economía social centrada en las necesidades de las personas y alejada del modelo capitalista neoliberal imperante, que supedita el desarrollo económico local y la prestación de servicios municipales (por ejemplo, el agua) al pago de la deuda. Una realidad que tristemente conocemos muy bien en El Puerto.

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